Varios mendocinos denunciaron a la empresa Hope Funds SA., encabezada por el financista Enrique Juan Blaksley, al considerar que han sido estafados en inversiones hechas hace un par de años.
El abogado Ariel Civit, aseguró que se trata de gente de clase media, entre ellos profesionales de la medicina, peluqueros y gente de trabajo, a los que «han embaucado» en este tipo de delincuencia «de cuello blanco», según lo calificara hace varias décadas el maestro Sebastián Soler.
Acá la denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal de Ciudad, que ya fijó una audiencia de conciliación, pero a la que Blaksley no concurrió.
Fue casi en el mismo momento en que se conoció, a nivel nacional, una presunta estafa denunciada por los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier, en representación de unos 2.000 damnificados contra la firma que trascendió públicamente al impulsar grandes eventos deportivos, como la visita al país del atleta jamaiquino Usain Bolt que corrió una carrera contra el Metrobús de la Ciudad de Buenos Aires (2013) y la de los tenistas Roger Federer, Venus y Serena Williams.
De acuerdo al escrito presentado por el abogado mendocino, el «contrato» fijaba la intervención del Tribunal Arbitral de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de los tribunales nacionales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, argumento -dice Civit- con lo cual se buscaba, evidentemente, que los daños que sin duda estaban previstos en la conciencia de los denunciados, generaran la incomodidad y gastos inherentes a los perjudicados, con el consiguiente desistimiento de cualquier acción legal.
Evidentemente, la maniobra fue hábilmente ejecutada, especialmente inducida por los iniciales cumplimientos de los convenios, lo que inducía al mantenimiento de la confianza, para luego de lograda la misma, consumar el golpe final, del cual sin duda, deben haber sido muchas personas en el interior del país, los receptores y obviamente, perjudicados por el mismo golpe.
Uno de los contratos que el abogado mendocino aporta, en representación de uno de las víctimas, se señala que la operatoria consistía en que, como pago del dinero entregado (algo más de 200 mil pesos y unos 10.500 dólares), se establecía el «abono de intereses que ascendían al porcentaje del treinta por ciento anual», contrato que se hizo con un plazo a seis años, pero con la posibilidad de que el inversor pidiera el dinero entregado, a partir del primer año.
Según se puede leer en el escrito, durante el primer año de vigencia de los contratos, «la empresa fue pagando los intereses en forma trimestral y correctamente, razón por la cual y ante la confianza generada, uno de los denunciante y su esposa decidieron renovar los contratos referidos, por un año más…».
Sin embargo, al poco tiempo, no hubo pago de dividendos, tampoco comunicaciones, sino charlas dilatorias y conversaciones con quienes no eran los firmantes originales de los contratos, hasta llegar a esta denuncia con el patrocinio de profesionales y que, por estas horas, transita los estrados judiciales.
En su escrito, el abogado mendocino remarca que el Artículo 1198 del Código Civil – vigente a la fecha de firma de los convenios – establece que “los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión…».
La actual denuncia por estafa, a nivel nacional, quedó radicada ante la jueza María Servini de Cubría, con intervención del fiscal Patricio Evers y según informaron fuentes del caso, los demandantes pidieron la intervención judicial de las sociedades involucradas en la supuesta maniobra delictiva y que se dé intervención a todos los organismos estatales vinculados con la persecución de la criminalidad económica.
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