Luego del escándalo por la compra de notas y adulteraciones en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, los consejeros decidieron suspender a los estudiantes, considerarlos responsables de haberse beneficiado con la adulteración de los registros.
Jorge Marcelo Castro será suspendido por 5 años, al igual que Oscar Rubén Charra, en tanto para María Sol Brandi Giménez; Igor Francisco Toneatti; Ivana Paola Bustamante y Gerardo Enrique Hortihuela, la pena alcanza a los 3 años.
Por otro lado, el Consejo Directivo decidió sancionar con un apercibimiento por encontrar que tuvieron responsabilidad funcional por los cargos ocupados en la cadena de mando administrativa a los agentes Carlos Díaz, Silvia Vera y Héctor Sosa Tallei.
Estas medidas entraran en vigencia inmediatamente y son como el resultado provisorio de la investigación administrativa propia que realizó la Facultad. Sin embargo, el sumario quedará en suspenso a la espera de lo que ocurra con la causa penal, ya que los avances en ese fuero podrían repercutir en el sumario al implicar sanciones más duras y también otros responsables.
Se pudo conocer por otra parte que toda la información que se produjo durante la investigación interna se aportará ante la Justicia Federal y la Casa de altos estudios continuará actuando como querellante para que la Justicia pueda determinar mayores responsabilidades.
El caso salió a la luz en enero del 2014, a pedido de la ex secretaria académica y actual decana Claudia García y la ex decana Graciela Cousinet, dándose comienzo a una auditoría interna, posteriormente dio lugar a una investigación sumaria aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el 11 de agosto del año pasado el Consejo Directivo ordenó una investigación sumaria que hasta hoy sigue su curso en el ámbito universitario ya como sumario administrativo.
Luego el 10 de septiembre de ese mismo año el rector Daniel Pizzi y la decana Claudia García realizaron una denuncia penal antes los Tribunales Federales.
Las autoridades universitarias habían solicitado primero la intervención judicial para garantizar el aseguramiento de las pruebas y después se constituyeron como querellantes para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
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