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La diputada Mercedes Llano (PD) presentó un proyecto de ley para que los ciudadanos puedan realizar denuncias por hechos de corrupción de manera anónima. El proyecto elevado a la Cámara de Diputados se basa en que la Ley de Ética Pública no prevé la denuncia anónima como acto iniciador de investigaciones por hechos de corrupción, «prescindiendo de un mecanismo de alta efectividad en la investigación de casos relevantes y vulnerando uno de los estándares promovidos por las convenciones internacionales de lucha contra con la corrupción», señala.

La iniciativa, que ingresó a la Casa de las Leyes esta semana propone la modificación del artículo 28 de la Ley 8993 de Ética Pública, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 28- DENUNCIAS. Toda persona hábil podrá presentar denuncias ante dicha Oficina, por las causales previstas en esta Ley, en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por la Ley Nacional N° 24.759 o en el régimen que resulte de aplicación al agente denunciado. No es impedimento para el denunciante la nacionalidad, residencia, internación en centro penitenciario o reclusión, y en general, cualquier relación de dependencia con el Estado Provincial; la diputado resaltó que «las denuncias pueden ser anónimas siempre y cuando, se encuentren suficientemente especificadas, respecto a la prueba que la respaldan y, exista gravedad en el hecho denunciado y razonabilidad en la intención del denunciante de conservar el anonimato”.


Resumiendo lo planteado, LLanos los fundamentos que sostiene son que «las personas que toman conocimiento de un hecho de corrupción optan por el silencio ante el temor a represalias y como medida de protección personal y de sus familiares. Por tal razón, el anonimato de la denuncia puede alentar a los ciudadanos a impulsarlas».

A modo aclaratorio, la legisladora sostuvo que respecto a la corrupción en Argentina, según el Índice de Percepción de la Corrupción, medido por Transparencia Internacional, en el año 2019 nuestro país ocupaba el lugar 66º de 180 países. Asimismo, el 56% de los argentinos consideraba que la corrupción aumentó entre 2017 y 2018, de conformidad a un Informe elaborado por Latinobarómetro (2018).