El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Cuyo y La Rioja ha llevado a cabo un paro total de actividades, defendiendo de manera categórica la continuidad laboral en los yacimientos bajo la operación de YPF y Pluspetrol en las áreas de Chachahuén, Cerro Morado y Corcovo, ubicadas en Malargüe.
La medida, encabezada por el sindicato liderado por Julián Matamala, se inició el jueves a las 20 horas y continúa firme este viernes como respuesta a diversos problemas que afectan a los trabajadores:
Incumplimientos por parte de YPF
La operadora muestra inconsistencias en sus estrategias y un claro desconocimiento de los compromisos laborales asumidos en la transferencia de áreas petroleras. Los trabajadores se ven afectados cuando los equipos son puestos en condición de «stand by», quedando posteriormente en una situación de incertidumbre absoluta: sin empleo ni garantías para mantener sus puestos.
Aunque YPF había asegurado que los nuevos adjudicatarios respetarían los contratos existentes, estos compromisos no han sido cumplidos. En las áreas ya transferidas, una gran parte de los contratos no ha tenido continuidad, dejando a decenas de trabajadores fuera del sistema laboral.
Las nuevas operadoras no han integrado a los trabajadores desvinculados, y nadie se ha responsabilizado por su indemnización. Además, estas personas llevan más de un mes sin percibir ingresos, pese a múltiples reuniones sostenidas en la Subsecretaría de Trabajo de la Nación.
Desmantelamiento de puestos laborales en Pluspetrol
Simultáneamente, Pluspetrol profundiza la crisis con una conducta considerada inadmisible. Mantiene los niveles de producción, pero continúa reduciendo su plantilla de empleados.
Mientras la compañía opera con el mismo volumen de trabajo, recorta personal, generando una sobrecarga excesiva para quienes permanecen en sus puestos. Estos trabajadores deben cumplir hasta tres funciones simultáneamente, todo dentro de un contexto marcado por la falta absoluta de inversión.
Estas políticas no solo eliminan empleos, sino que también impactan gravemente en la salud física y mental de muchos integrantes del sector. Esta situación resulta inadmisible, vulnerando derechos fundamentales y atentando contra la dignidad laboral.
Ausencia del Gobierno provincial
Ante este panorama crítico, el sindicato reclama una intervención efectiva por parte del Gobierno provincial, subrayando su responsabilidad en velar por el interés público en el marco de las concesiones de áreas petroleras, que representan importantes regalías para Mendoza.
El Gobierno provincial ha ignorado esta problemática, comportándose como si la situación fuera ajena a sus competencias. Pese a haber firmado compromisos para garantizar la preservación de empleos, ahora parece desentenderse del conflicto social y laboral que afecta profundamente a la provincia.
Se recuerda que los trabajadores han confiado y apoyado democráticamente a quienes hoy gobiernan. Por tanto, exigen una respuesta acorde al grado de urgencia del contexto actual, enfatizando que no es aceptable abandonar a estos sectores en un momento tan crítico.
El secretario general del sindicato, Julián Matamala, insistió en la necesidad de que YPF revise su manera de operar y cumpla con los compromisos públicos asumidos junto al Gobierno provincial. Del mismo modo, instó a Pluspetrol a detener inmediatamente las prácticas que implican reducción de personal y sobrecarga laboral. Desde el Sindicato de Personal Jerárquico Petrolero aseguraron que continuarán luchando firmemente por defender el empleo, los derechos y la dignidad de cada trabajador del sector.
