«Estamos a la espera por tercer año consecutivo, para ver qué sucede con el proyecto», dijo el CEO y presidente de Minera San Jorge, Taras Nechiporenko. Es que para los inversionistas rusos (Aterra y Solway Invesment) es un período decisivo para saber qué pasará con la inversión que consideran para Mendoza y el «punto de inflexión» será la política minera que diseña la Secretaría de Minería y que será analizada por el Gobernador Alfredo Cornejo, pero como se ha dicho, no la esperarán eternamente, si no hay una definición en febrero, considerarán llevar la inversión a otro lugar.
Según manifestó Nechiporenko en una entrevista desde Chile donde se encuentra por estos días, la paciencia de los inversores está en el límite porque tienen «parados» U$S 400 millones a la espera de una decisión política que no se tomó durante el último período del gobierno de Pérez y que a un año de asumir, Cornejo aún no toma.
La razón para que aún estén en Mendoza es la promesa de una política de Estado que defina claramente y de una vez por todas, qué se puede hacer y qué no en Mendoza, sin depender de los momentos políticos. En ese sentido, confían en la promesa de una definición y una posición que permita tomar decisiones a largo plazo.
Creen que, por lo menos, el proyecto biprovincial (que no está restringido por la Ley 7.722) pueda avanzar, pero no descartan que una reglamentación de la norma que prohíbe el uso de ciertas sustancias, permita avanzar con un proyecto que tenga una parte integral en Mendoza, lo que aumentaría la inversión a U$S600 millones.
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