Legisladores de diversos bloques han solicitado la creación de una comisión bicameral con el objetivo de investigar posibles irregularidades en la contratación de viandas por un monto superior a $54.000 millones.
Representantes de bloques opositores en ambas Cámaras legislativas impulsaron un proyecto conjunto para establecer una Comisión Investigadora Bicameral. Esta comisión tendría la tarea de analizar inconsistencias detectadas en el proceso de contratación directa llevado a cabo por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, destinado a adquirir más de 4 millones de viandas. El presupuesto inicial, que ascendía al mencionado monto, genera preocupación por las presuntas irregularidades.
El proceso en cuestión comenzó con una licitación pública que fue luego cancelada y sustituida por un procedimiento de contratación directa. Este cambio ha sido objeto de críticas y observaciones por parte de la Fiscalía de Estado, que detectó problemas técnicos y jurídicos en la evaluación de las ofertas. Además, el caso fue remitido a instituciones como Ética Pública y el Tribunal de Cuentas para su revisión.
Legisladores pertenecientes al PJ, Unión Mendocina y el Partido Verde, entre otros espacios, destacaron que el monto en cuestión es comparable al presupuesto anual de varios municipios, subrayando la importancia del control institucional que corresponde a la Legislatura. Según indicaron, es fundamental garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Desde sectores opositores manifestaron que la Legislatura tiene un deber constitucional de ejercer como órgano fiscalizador del Ejecutivo. Consideraron imperativo evitar que esta situación quede sin una revisión tanto política como técnica adecuada. También señalaron que se optó por un proceso discrecional en lugar de reabrir una nueva licitación, lo que benefició a una empresa previamente contratada que no había cumplido con los requisitos en la etapa anterior.
Adicionalmente, denunciaron demoras y modificaciones en las respuestas a pedidos de informes relacionados con este caso, acusando al oficialismo de bloquear el acceso a información clave. Frente a esta falta de claridad, advirtieron que podrían adoptar medidas administrativas y judiciales si no se permite un debate legislativo al respecto.
El planteo de gravedad sobre el caso enfatiza la necesidad de una investigación seria, argumentando que no solo involucra un expediente administrativo, sino también principios fundamentales como el manejo responsable de los fondos públicos, la transparencia y el respeto por las instituciones.
El proyecto fue ingresado en ambas Cámaras y se espera su tratamiento en el corto plazo. Los bloques proponentes insisten en que abordar esta problemática es cuestión de «madurez democrática», siendo esencial que la Legislatura recupere su papel activo como órgano contralor del gobierno.
Foto: Cámara de Diputados Mendoza. Prensa Legislatura
