En una sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que propone una readecuación del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías. La iniciativa recibió media sanción y será enviada al Senado para su aprobación final.
Durante el debate, el diputado Facundo Correa Llano (LLA), encargado de defender el proyecto en representación de la mayoría, afirmó que con esta medida se está construyendo un nuevo enfoque basado en el equilibrio fiscal, la promoción de la inversión privada bajo reglas claras, un sistema energético sostenible y subsidios mejor focalizados. Según destacó, la propuesta no busca ajustar sino garantizar que la ayuda llegue a los hogares más vulnerables. Además, enfatizó que el proyecto no elimina el régimen de zona fría, sino que corrige lo que calificó como una expansión irresponsable implementada en 2021, estableciendo criterios socioeconómicos más claros para la asignación de subsidios. A su juicio, la diferencia clave radica en pasar de un esquema de subsidios generalizados a uno enfocado exclusivamente en quienes realmente lo necesitan.
Por otro lado, Juan Pablo Luque (UxP), quien defendió el dictamen de minoría, consideró que esta modificación representa un retroceso en materia de federalismo. En su intervención, señaló que las provincias productoras de energía y gas serán las principales afectadas por la implementación del proyecto.
El diputado Nicolás Massot (EF) también expresó reservas sobre la iniciativa al calificarla como una oportunidad perdida para establecer un modelo más equitativo. Según opinó, es poco razonable que no se incluyan criterios relacionados directamente con las temperaturas en la definición del precio del gas en zonas frías. Por esta razón, consideró difícil apoyar la medida.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Néstor Pitrola (FIT) cuestionó fuertemente el proyecto y planteó su preocupación por las consecuencias que generará. Según indicó, afectar negativamente a 3.4 millones de familias que perderían su subsidio implicaría un golpe al bolsillo de trabajadores y clases medias. Asimismo, advirtió sobre el impacto que tendría en pymes y medianas empresas, señalando que muchas podrían enfrentar serias dificultades económicas que derivarían incluso en cierres masivos.
