Esta semana se conocieron los resultados de las pericias psiquiátricas a las que fue sometido Roque Arroyo (54) quien el pasado 28 de septiembre mediante la utilización de un cuchillo asesinó a su hija Ayelén en su casa de Ugarteche, en Luján y cuenta con tres graves imputaciones en su contra.
Al respecto, los facultativos médicos que lo examinaron fueron contundentes al afirmar que era consciente de lo que hacía y comprendía cada uno de sus actos y de esta manera no quedan dudas que es imputable y debe responder por cada uno de los delitos por los que se lo acusa.
Hay que recordar que el pasado 2 de noviembre se realizó una audiencia en el Juzgado de Garantías y la fiscal Claudia Ríos solicitó la prisión preventiva de Arroyo, aunque por pedido de la defensa la decisión del juez Gabriel Magniafico se postergó hasta el 24, debido a que la defensora oficial, Claudia Acevedo pidió esperar el resultado de estas pericias para comprobar si su cliente era o no imputable.
Ahora, con los resultados de los exámenes el juez deberá decidir si Arroyo continúa detenido hasta que la causa llegue a juicio, en la cual deberá responder por tres imputaciones siendo la más grave la del homicidio agravado por el vínculo y por femicidio contra la joven de 19 años, en tanto días después del brutal hecho fue acusado de abuso sexual contra Ayelén y contra su hermana mayor, a quien embarazó y tuvo un hijo.
Los abusos reiterados a los que eran sometidos las jóvenes se conocieron gracias a la denuncia que hizo Ayelén el 14 de septiembre, dos semanas antes de su muerte. La chica, madre de una beba y que tenía a su cargo su hermanito de 11 años, concurrió a la fiscalía de Luján y relató los abusos que padecía en manos de su padre, siendo fundamental lo que la impulsó a acusarlo, fue el miedo a que su beba pasara por los mismos abusos que ella, ya que había escuchado decir a su progenitor: “en cualquier momento está para estrenar”, en ocasión que le cambiaba los pañales a la beba.
En esa oportunidad Ayelén recurrió a la fiscalía y la OAL y solo obtuvo como respuesta una prohibición de acercamiento que ordenó el fiscal Fabricio Sidoti contra el hombre y finalmente por esto, el gobierno solicitó el jury de enjuiciamiento contra el funcionario judicial, quien para defenderse también cargó contra los organismos estatales al decir que «se lavaron las manos” y que ahora lo usan como “chivo expiatorio”.
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