La agenda del gobierno de Alfredo Cornejo es minimalista y personal. El mandatario se ha concentrado en dos conceptos: seguridad y control del gasto público. Un tercer punto ocupa algún tipo de lugar últimamente y es la obra pública. Pero en general se trata de una agenda que ahoga las iniciativas de alguien más que no sea el Gobernador. Sin ir más lejos, a la Vicegobernadora Laura Montero.
Montero padece esta lógica estricta, aunque le da pelea desde una postura tácitamente rebelde. Ha hecho muchas reuniones para discutir la reforma de la Constitución provincial, sin conseguir, hasta ahora, un solo guiño contundente de Cornejo a favor.
En peor lugar quedó con la nominación de José Valerio para la Corte provincial ya que antes de que se conociera el nombre que había bendecido el Gobernador, Montero se cansó de reclamar un cupo femenino para el alto tribunal y resultó brutalmente ignorada.
Montero no se conmueve y tampoco somete a consulta sus ideas con el Gobernador. Es el caso de la ley de Ética Pública, que sin las bendiciones de Cornejo, o sea, sin espacio en la agenda importante del Gobierno, ha quedado sujeta al difícil juego del consenso legislativo.
La necesidad de sancionar una ley de Ética Pública quedó a la vista con la enorme polémica que generaron las declaraciones de bienes irrisorias de los funcionarios de Cornejo. Pasó la polémica, pero el laboratorio que comanda Montero en el Senado se puso a trabajar en un proyecto.
La Vicegobernadora no tiene timing mediático ni político. Por eso, el proyecto avanzó en las comisiones del Senado cuando ya había pasado la conmoción de la opinión pública que produjo el auto importado del ministro de Seguridad, Gianni Venier, que valía solo un peso según su declaración, entre otros casos sorprendentes.
La necesidad de que hubiera una ley de Ética en reemplazo del decreto firmado a las apuradas por el ex Gobernador Francisco Pérez quedó a la vista hace varios meses, pero el momento en que Montero le ha dado impulso a su proyecto no parece el adecuado, por lo menos para Cornejo.
El corazón de la iniciativa es que la autoridad de aplicación de la ley pase a ser la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, una de los oficinas más importantes de la Fiscalía de Estado, por lo que esta propuesta recortaría el poder del fiscal de Estado, Fernando Simón, quien fue hasta hace poco justicialista y le daría mayor entidad a una dependencia de la que han surgido en otros tiempos los jefes generales del organismo.
Es dable recordar que Simón abandonó el PJ cuando las bolillas blancas lo bendijeron, pero hay una realidad política que contradice toda formalidad: el peronismo todavía lo defiende como si fuera un hombre del partido.
De igual manera, los radicales de Cornejo asumen todavía a Simón como un adversario peronista y se cuidan de él, en especial a la hora de manejar los endeudamientos, considerando de esta manera, que hay un ojo opositor del que hay que protegerse.
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