El pasado 30 de diciembre del año 2019, se derogaba la ley que permitía la minería metalífera en la provincia mendocina.
A días de un nuevo gobierno provincial, asumió días antes Rodolfo Suarez, la iniciativa del oficialismo, mediante el proyecto de ley 9.209, intentaba reformar cuatro artículos y dar luz verde al uso de cianuro y otras sustancias en la actividad, aunque mantenía la prohibición del mercurio “en todas sus formas”. A su vez, apartaba a la Legislatura del tratamiento y aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los proyectos mineros en la provincia. En su lugar, proponía que los proyectos fueran supervisados por municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y “otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios”.
El día viernes 20 de diciembre de 2019 se produjo la votación en ambas cámaras: en la Cámara de Senadores el proyecto de modificación obtuvo 29 votos a favor y 7 en contra, y en la Cámara de Diputados 36 votos positivos, 11 negativos y una abstención.
Ante este resultado obtenido en las cámaras legislativas, las manifestaciones fueron creciendo día a día y luego de las masivas manifestaciones que se realizaron en la provincia, entre ellas la más resonante bautizada como «Parientazo», el gobernador Rodolfo Suarez comunicó, a través de su cuenta de Twitter, que darían marcha atrás con la reforma.
Por último, el día lunes 30 de diciembre del 2019, en una sesión extraordinaria, senadores y diputados votaron a favor de derogar la ley 9.209.
Este resultado dejó sin efecto las modificaciones aprobadas anteriormente, y se restableció la vigencia de la ley 7.722 para regular los emprendimientos mineros y que, a diferencia de su fallida sucesora, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro y ácido sulfúrico.
