En las sesiones extraordinarias, el pleno de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, en primera instancia, el proyecto de ley de Modernización Laboral, luego de realizar ajustes al texto enviado por el Senado. Ahora, la norma regresa a la Cámara Alta para su sanción final.
El diputado Lisandro Almirón, representante del Poder Ejecutivo y miembro informante del proyecto, destacó que creen firmemente en este plan como un camino para promover el bienestar general y garantizar los beneficios de la libertad. Según Almirón, la actual legislación laboral es rígida y obsoleta, lo cual constituye un obstáculo para la formalización del empleo y genera excesiva carga regulatoria a los empleadores, perjudicando incluso a quienes operan de buena fe. Además, enfatizó que sin inversión no hay empresas, y sin empresas no hay trabajo.
Por otro lado, Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, cuestionó duramente la propuesta por considerarla inconstitucional. Aseguró que bajo el término modernización laboral se esconde lo que calificó como una de las mayores regresiones en la historia de los derechos laborales del país. Enfatizó que esta iniciativa atenta contra los principios fundamentales del derecho del trabajo, la representación sindical e incluso los fueros laborales.
En representación de Provincias Unidas, Martín Losteau subrayó que existen problemas estructurales en el sistema previsional, tributario y laboral del país, destacando que carecen de actualizaciones necesarias para adaptarse a nuevas modalidades como el trabajo remoto. Criticó también una visión sesgada de las relaciones laborales desde el Gobierno, donde parece existir un desequilibrio de reconocimiento entre empleadores y empleados.
Desde un enfoque crítico, Néstor Pitrola del Frente de Izquierda Unidad rechazó categóricamente el proyecto, argumentando que busca desmantelar derechos fundamentales como la sindicalización y el derecho a huelga, llevando al sistema laboral a una situación precaria.
Mónica Frade, de la Coalición Cívica, expresó su descontento al señalar que el Congreso está eliminando décadas de protección laboral sin un debate apropiado ni consultas con especialistas. Advirtió que esta iniciativa podría desatar un alto nivel de litigios y calificó como problemática la posible proliferación de medidas cautelares, similares a las promovidas con la controvertida Ley Bases.
Por su parte, Pablo Outes (Innovación Federal) anticipó su voto favorable al resaltar que el modelo propuesto beneficia a las provincias y pequeñas empresas del interior del país. Señaló que casi la mitad de los trabajadores están en la informalidad, sin jubilación ni acceso a cobertura de salud, y afirmó que este proyecto busca generar justicia para todos.
En contraste, el diputado Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) desacreditó el proyecto al enfatizar que no encontró ningún argumento en la ley que favoreciera a los trabajadores. Criticó lo que consideró un uso engañoso del concepto de modernización y aseguró que las modificaciones responden más a cálculos políticos que a un interés genuino por mejorar la situación laboral en el país. Concluyó señalando que los ajustes realizados en última instancia reflejan un retroceso ante evaluaciones negativas de opinión pública.
