Diez legisladores entrantes y presentes del peronismo propusieron ayer declarar la emergencia tarifaria y retrotraer los aumentos a noviembre de 2017. Argumentan que «en dos años el agua subió 117%, el transporte público 314% y la luz 600%”.
Y que es necesario «asegurar la permanencia del acceso de la población mendocina a los servicios públicos esenciales resguardando la protección de su derecho a la salud”.
En un proyecto de ley proponen la «declaración de la emergencia en materia tarifaria por el término de doce meses a partir de la sanción”. Y que «durante la vigencia de la emergencia los servicios retrotraerán el valor de sus tarifas al establecido en noviembre del año 2017”. Asimismo, la iniciativa establece beneficios a sectores vulnerables y prohíbe el corte de suministro por falta de pago.
En la presentación estuvieron el diputado Lucas Ilardo y la senadora electa Natalia Vicencio. También los electos Alejandro Abraham, Andrea Blandini, Silvia Stocco y Helio Perviú, y los diputados provinciales Sonia Carmona, Patricia Galván, Alberto Roza y Jorge Tanús.
El peronismo presentó la iniciativa dos días antes de que las manifestaciones «contra el tarifazo” que en los últimos dos meses tuvieron lugar en diez departamentos de la provincia busquen confluir -mañana a las 20- en San Martín y Garibaldi de Ciudad.
La convocatoria a esta protesta provincial es motorizada por una coordinadora que incluye a las tres centrales sindicales y a una veintena de organizaciones sociales, políticas, de jubilados, pymes y estudiantiles.
Los organizadores entregarán entre hoy y mañana una carta abierta a Alfredo Cornejo en momentos en los que el Gobernador se muestra crítico con el ritmo de aumento de las tarifas dispuesto por el Gobierno nacional y apunta contra el ministro José Aranguren.
El documento solicita «la intervención directa” de Cornejo contra «el nivel abusivo y confiscatorio en las alzas de la luz, gas, agua, transporte, naftas y comunicaciones”.
Tras hacer referencia a «las pacíficas puebladas” de los departamentos, le recuerda que «la Constitución Provincial lo considera la máxima autoridad encargada de la defensa de los mendocinos y el responsable final de las consecuencias de la aplicación de la actual política tarifaria”.
El Estado mendocino es el propietario exclusivo de Aysam (que tiene un aumento de tarifas ya listo pero -en principio- «pisado’”en su aplicación por el Ejecutivo) y de la Sociedad de Transportes Mendoza (STM) que aplicó fuertes subas en el boleto.
