El Gobierno provincial deberá responder económicamente por la vida de un niño que falleció hace 14 años tras una pelea entre alumnos en un establecimiento escolar de Malargüe, fatídico suceso que ocurrió el 26 de abril de 2002, cuando el chico de 9 años; cuya identidad se mantiene en reserva, acudió al colegio “Nicolás Bustos Dávila”, donde cursaba el segundo grado.
Esa tarde estando en uno de los sanitarios del colegio, fue atacado por tres compañeros que le propinaron golpes de puño y patadas en la cabeza y distintas partes del cuerpo, pero la pesadilla que vivía el menor no terminó en ese punto ya que cuando se retiraba del colegio, volvió a ser agredido por uno de los niños, interviniendo su hermana en la riña, donde el atacante le manifestó que golpearía al joven cuantas veces quisiera, agrediendo con una patada en las rodillas a la jovencita.
Ambos hermanos se retiraron caminando a su casa y a una cuadra y media se encontraron con su madre, donde el niño le contó a su progenitora lo que había pasado en las últimas horas y se desvaneció en el mismo momento.
De inmediato y ante los desesperados gritos de auxilio de la mujer, el joven fue trasladado a un hospital público, donde ingresó con una crisis cardíaca como consecuencia de los golpes, nervios, miedo y agitación sufridos y pese a los denodados esfuerzos de los profesionales de la salud por intentar reanimar al niño, los mismos no alcanzaron para salvarle la vida.
En febrero de 2012, los padres del occiso realizaron una demanda civil contra el Gobierno provincial asegurando que la directora y la maestra de la escuela fueron responsables por «su actuación con culpa y negligencia al no vigilar y controlar en forma segura a los alumnos» y bajo esta premisa solicitaron 150 mil pesos de resarcimiento por daño moral y pérdida de chance.
Desde el Ejecutivo provincial rechazaron la demanda alegando que la Dirección General de Escuelas (DGE) tiene su propia autonomía y de todas formas agregaron que la muerte no se produjo por los golpes del alumno sino por una cardiopatía y que en última instancia, la actitud del agresor fue «imprevisible e inevitable», en tanto que desde la DGE también negaron los hechos, pidiendo además la prescripción debido a la antigüedad del caso.
La jueza Andrea Garzona tuvo en sus manos la resolución del litigio civil y en primer lugar la magistrada consideró que la causa no había prescripto ya que todavía no pasaban diez años desde el hecho hasta la presentación judicial y que el Gobierno provincial también era responsable por el hecho.
Un perito médico estableció que la causa de la crisis cardíaca fue el stress post traumático que sufrió el niño tras el ataque a golpes. También reforzó esta hipótesis la declaración de testigos en el expediente penal que se instruyó por averiguación muerte, donde quedó evidenciado el maltrato de los compañeros hacia el menor.
«Ha quedado acreditado que el mismo se encontraba en horario de clase cuando es golpeado por el compañero, es decir en un lugar autorizado y bajo el cuidado de los profesores de la escuela», concluyó la jueza civil.
Es por esto que ordenó a la DGE y la Provincia a pagar 350 mil pesos más costa e intereses a los padres del niño que perdió la vida en el lamentable suceso.
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