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En una sesión clave y cargada de debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y envió al Senado un proyecto de ley que busca implementar un aumento extraordinario en jubilaciones y pensiones, logrando el respaldo de 142 votos positivos, frente a 67 negativos y 19 abstenciones. Además, se otorgó media sanción a otra medida que propone extender la moratoria previsional, con 111 votos afirmativos, 100 en contra y 15 abstenciones.

El debate comenzó con una enérgica intervención de la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP), quien destacó que el principal objetivo del proyecto era aliviar la crisis de los jubilados en el país. Según explicó, se propone un incremento del 7.2% en sus ingresos. «No podemos tolerar que en nuestra nación los jubilados mueran de hambre», enfatizó con firmeza.

En contraste, el diputado Sergio Capozzi (PRO) criticó duramente la propuesta, calificando al sistema previsional como «en terapia intensiva» y acusando a gestiones anteriores de colocar al sistema en esta situación crítica, especialmente tras la incorporación masiva de más de dos millones de beneficiarios.

Por su lado, Carlos Zapata (LLA) reiteró que los problemas actuales son herencia del kirchnerismo y cuestionó la efectividad de aplicar las mismas medidas que, según él, llevaron al colapso del sistema. Propuso, además, revisar integralmente el esquema previsional para evitar comprometer el equilibrio fiscal.

Desde Encuentro Federal, Nicolás Massot aclaró que la oposición no buscaba «entorpecer al gobierno ni desestabilizar las finanzas públicas». Si bien reconoció la urgencia del aumento a jubilados, insistió en la importancia de repartir equitativamente los esfuerzos de distintos sectores para alcanzar un equilibrio fiscal.

El Frente de Izquierda también tomó una postura firme. Nicolás del Caño subrayó que los adultos mayores son quienes más están padeciendo los ajustes económicos del gobierno actual.

La diputada Gabriela Brouwer de Koning (UCR) expresó apoyo a un proyecto complementario dirigido a quienes no logran cumplir con los 30 años de aportes requeridos. Argumentó que esta medida busca reconocer el esfuerzo de aquellos trabajadores que han contribuido durante gran parte de sus vidas y necesitan sentir que su aporte fue valorado.

Cerca del cierre del debate, Álvaro Martínez (LLA) manifestó su preocupación por el financiamiento del proyecto, cuestionando la falta de claridad sobre el origen de los fondos para cubrir este aumento. «No podemos seguir improvisando mientras prometemos a los jubilados dignidad y solo les devolvemos miseria», sentenció.

En paralelo, se abordó otro tema importante: una iniciativa que declara la emergencia en discapacidad hasta finales de 2027. Este proyecto fue aprobado con 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Daniel Arroyo (UxP), como informante principal, destacó que esta normativa se enfoca en atender las necesidades urgentes de las personas con discapacidad, incluyendo acceso a prestaciones, mejoras en las pensiones y medidas para erradicar el maltrato.

El diputado Martín Maquieyra (PRO) se posicionó desde un dictamen minoritario, reconociendo la gravedad de la situación, pero rechazando declarar la emergencia. Según él, el sistema se encuentra desbordado debido a gestiones previas y señaló como ineficaces las soluciones «parche» propuestas.

Soledad Carrizo (UCR) apeló a la necesidad urgente de un diálogo inclusivo entre los distintos sectores para encontrar una salida sostenible. Al mismo tiempo, expresó reservas hacia el dictamen mayoritario por considerarlo una solución de corto plazo para un problema estructural. Luis Picat, desde Liga del Interior, por su parte, apoyó el dictamen minoritario con la intención de garantizar estabilidad a los prestadores y establecer bases sólidas hacia el futuro.

Finalmente, Pablo Juliano (Democracia para Siempre) cerró con un llamado a humanizar las políticas públicas y honrar las responsabilidades legislativas ante las problemáticas sociales más urgentes. Mónica Fein (Encuentro Federal) complementó destacando el compromiso necesario para avanzar hacia soluciones consensuadas que respondan a las demandas crecientes del país.

Esta sesión deja entrever las tensiones entre bloques políticos y deja pendientes decisiones clave en busca del equilibrio entre justicia social y sostenibilidad económica. Sin duda, un debate que continuará ocupando la agenda legislativa en las semanas siguientes.