El senador provincial Gabriel Pradines, junto con la diputada Cintia Gómez, ambos integrantes de la Bicameral de Seguridad, llevaron adelante una denuncia ante la Auditoría de Ética Pública contra la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. El motivo de la denuncia radica en que la funcionaria habría presentado datos incongruentes con la información oficial durante su intervención del pasado 6 de marzo en la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura.
Durante dicha exposición, la ministra afirmó que Mendoza contaba en 2024 con un total de 1.355 móviles y 195 motos. Sin embargo, Pradines señaló, basándose en registros oficiales del Tribunal de Cuentas, que la realidad distaba significativamente de esos números, ya que solo se reportaban 761 móviles y 190 motos. Esto supone una diferencia alarmante: 599 unidades terrestres menos frente a lo afirmado por la ministra.
“La discrepancia es escandalosa: faltan 599 unidades terrestres. La ministra asegura que hay patrulleros operativos que no existen, llegando incluso a generar la imagen de patrullas ficticias. Esta situación es sumamente grave”, destacó el senador.
Asimismo, Pradines denunció maniobras posteriores al cuestionamiento. Según explicó, luego de haber realizado pedidos de informes y solicitado datos mediante el sistema de acceso a la información pública, el Ministerio cambió el formato de reportar los datos luego de 17 años. En el primer trimestre de 2025, se unificaron las cifras de móviles y motos bajo la categoría de «unidades terrestres», mostrando un aumento abrupto de 410 nuevas unidades. No obstante, esta cifra sigue siendo inferior por 189 unidades respecto a lo comunicado por la ministra al cierre de 2024, y además no hubo licitación alguna que respaldara este incremento.
Pradines también señaló que su solicitud de informes fue rechazado por el oficialismo en el Senado, mientras que tanto el Tribunal de Cuentas como el Ministerio de Seguridad remitieron las consultas a los datos abiertos del Tribunal, que confirman las irregularidades denunciadas.
“Exigimos algo elemental: que esto se esclarezca. No es razonable que haya una brecha de 599 unidades entre los datos proporcionados oficialmente y lo afirmado por la ministra. Esto debería poder comprobarse fácilmente mediante la documentación correspondiente y la geolocalización que cada patrullero debería tener”, sostuvo el legislador.
Además, enfatizó: “Esto no se trata solo de una irregularidad administrativa; lo que estamos viendo es una situación grave. Los números oficiales no coinciden ni con lo declarado por la ministra ni con esa incorporación abrupta de 410 unidades, que no tiene respaldo alguno”.
“La seguridad no puede basarse en cifras infladas, ni puede ser objeto de engaños. Los ciudadanos mendocinos necesitan protección real, no promesas vacías”, concluyó el presidente del PRO mendocino.
La denuncia ya ha sido formalizada ante el auditor general de Ética Pública, Dr. Gabriel Balsells Miró, solicitando que se investigue el accionar de la ministra Mercedes Rus y se realicen las compulsas administrativas necesarias para dilucidar esta situación.
