Más allá de la imperiosa e innegable necesidad de un aporte estatal extra para reforzar las finanzas de millones de argentinos que no pudieron y aún no pueden trabajar o que vieron caer drásticamente sus ingresos producto de las restricciones derivadas de la pandemia, el plan tiene fisuras que se ven expuestas en un informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en el cual exponen que “existen fallas en su diseño que llevan al derroche y a filtraciones de recursos” y que estos problemas “deberían ser tenidos en cuenta, especialmente ante la débil situación fiscal actual”.
El principal error no es de cobertura, sino de focalización y por esto se vio desbordada la estimación inicial de un universo de entre 3,6 y 4 millones de potenciales receptores. Para Idesa, “claramente hubo una tendencia a emitir una falsa declaración jurada de muchas personas para poder hacerse con el beneficio”, por lo que “numerosos hogares recibieron más de un ingreso familiar”, cuando uno de los requisitos era que lo recibiera una única persona por hogar.
Esta semana el Gobierno nacional comenzó a pagar la tercera etapa del ingreso familiar de emergencia (IFE), el programa que se implementó con el inicio de la pandemia de coronavirus para asistir con 10 mil pesos a los sectores informales, los más castigados económicamente por la cuarentena. Las dos primeras versiones llegaron a 8,8 millones y 7,8 millones de personas, respectivamente (incluyendo los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y por embarazo); y se espera que la actual alcance a un número cercano a los siete millones.
Según la Anses, “el grupo familiar podrá considerarse unipersonal por declaración jurada del solicitante” que, si tiene menos de 25 años, para recibir el beneficio, “deberá acreditar un domicilio de residencia distinto al de sus padres para que se lo asimile a un grupo familiar unipersonal”. “En caso de que más de una persona de un mismo grupo soliciten la prestación, se dará prioridad a la mujer”, dice el organismo oficial.
Según el cálculo de la consultora, extrapolando los datos de la población urbana de la EPH a la total del país, se llega a algo más de 1,3 millones de hogares unipersonales. Esto es una tercera parte de los beneficios efectivamente liquidados en ese perfil de receptores (4,1 millones).
Los números de Idesa coinciden con un informe de abril de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación realizado a propósito del IFE titulado “Análisis y desafíos para la transferencia de ingresos a trabajadores precarios”
Dividiendo a las personas que conforman hogares unipersonales por tramos de edad, de acuerdo con la EPH (extrapolada a todo el país por Idesa), hay en Argentina 119 mil personas entre 18 y 24 años que estaban (al primer trimestre de 2020) desocupadas, inactivas u ocupadas ganando ingresos menores al máximo establecido para calificar para el IFE.
Sin embargo, en ese rango etario, recibieron la ayuda un total de 1,7 millones, que son los que declararon vivir en hogares unipersonales. Algo similar ocurrió para el tramo de edad que va de 25 a 34 años, donde el cálculo de Idesa –con base en Indec– arriba a 248 mil hogares, pero en el IFE se multiplican por cinco: 1,1 millones recibieron el beneficio.
Una de las ciudades con porcentaje más alto de hogares unipersonales es Bahía Blanca, con el 31 por ciento. Del otro lado del ranking está la mayoría de los centros urbanos del noreste argentino. En efecto, el NEA, en promedio, tiene sólo el 14,7 por ciento de sus hogares conformados por un único individuo.
