El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de reforma judicial la semana pasada: usó la consigna del «nunca más», que la Conadep inmortalizó en el Juicio a las Juntas, para pedir que no se dirima más a través del Poder Judicial una «discusión política» entre oficialismo y oposición. «De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario», denunció el jefe de Estado.
Por unanimidad, los jueces de la Cámara del Crimen rechazaron la reforma judicial que presentó el Gobierno y la tildaron de «inconstitucional». La Cámara del Crimen advirtió: «El proyecto importa el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias».
La acordada llevó la firma de los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, Juan Esteban Cicciaro, Mauro Antonio Divito, Mariano González Palazzo, Magdalena Laiño, Hernán Martín López, Pablo Guillermo Lucero, Julio Marcelo Lucini, Ricardo Matías Pinto, Ignacio Rodríguez Varela, Alberto Seijas y Mariano Scotto.
El Gobierno contempló en el proyecto la ampliación del fuero federal, se unifican lo Penal con lo Penal Económico y también la creación de un Consejo Consultivo compuesto por once «juristas de reconocimiento indiscutido» que tendrá la «tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público».
«Las únicas causales para el cese, además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente de las juezas y los jueces de la Nación en el cargo son su renuncia actual expresa e incondicional, presentada al Presidente de la Nación, o bien su remoción previo enjuiciamiento en caso de comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. Carece de sostén constitucional la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción», señalaron.
«Las juezas y los jueces nacionales no puedan ser transferidos a la órbita local sin su consentimiento», insistieron y dentro de las garantías que se derivan de la independencia judicial se encuentra la inamovilidad», recordaron. Así, a solo una semana de presentar el proyecto de reforma judicial, el Gobierno ya recibió el primer rechazo de uno de los fueros más importantes del país.
