Con 62 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención, el Senado habilitó la discusión sobre la insistencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad vetada por el presidente, tras alcanzar los dos tercios necesarios.
La norma establece, entre otras medidas, la actualización periódica —con ajuste por inflación— del nomenclador de prestaciones vinculadas a la discapacidad, tomando como referencia los valores de diciembre de 2023.
El senador Daniel Bensusan (Frente Nacional y Popular) abrió el debate, señalando que «en la Argentina hay 5 millones de personas con discapacidad, lo que significa un 10% de la población». Al cuestionar los fundamentos del veto presidencial, advirtió: «Si para ahorrar se necesita maltratar a la gente, no se está ahorrando, sino que se los está abandonando. Este modelo no se sostiene ajustando a los más vulnerables».
En el inicio de los cierres de bloques políticos, la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal) recordó lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad «ratificado por la Argentina en el 2008 que establece que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de manera independiente, a ser incluidas en la sociedad y lo que estamos defendiendo hoy busca garantizar este derecho». También adelantó el rechazo en nombre de su interbloque.
Por su parte, el senador Eduardo Vischi (UCR) pidió que el Gobierno «no tome todas las necesidades por igual para cuidar el gasto público», y aclaró que, «la situación de las familias con discapacidad viene desde hace años con problemas de desactualización en montos y demandas de todo tipo y se ha agravado de manera sustancial en el último tiempo».
A su turno, el senador Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) consideró que «Esta ley llega demasiado tarde, debería haber tratado en el año 2013, cuando pasamos de 80.000 discapacitados a 1.250.000 discapacitados y nadie advirtió que se estaba discapacitando gente como nunca en la historia».
«Me alegra que el parlamento dé una respuesta de este tipo y le decimos a una parte importante de la sociedad argentina que no le vamos a permitir al Presidente que vulnere sus derechos constitucionales y que cumpla con la Ley que votamos acá», enfatizó el senador José Mayans (Frente Nacional y Popular).
Tras el debate, el Senado ratificó con 63 positivos y 7 negativos la insistencia al veto presidencial, decisión que ya había sido adoptada previamente por la Cámara de Diputados el pasado 20 de agosto y, de esta manera, quedó confirmada la Ley de Emergencia en Discapacidad.
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