Los padres del menor que estaba en la casa durante el asalto de 2024 en Guaymallén reclaman una indemnización por los daños psicológicos. Sostienen que hubo “falta de servicio” de la Justicia al liberar antes de tiempo a uno de los delincuentes.

El Estado de Mendoza enfrenta una demanda civil por $150 millones. La iniciaron los padres de un niño que presenció el violento asalto del 1 de septiembre de 2024 en Guaymallén, en el que murió el policía retirado Héctor Pelayes. Así lo informó el Gobierno provincial.

El expediente tramita en el Tribunal de Gestión Asociada Primero. La demanda se presentó en junio y la Provincia fue notificada recién ahora: tiene 20 días para contestarla. Los padres solicitan el pago de la suma indicada, más intereses y costas.

El origen del reclamo

La acción apunta a una decisión judicial anterior. Roberto Pereyra Cruz, uno de los dos hombres que ingresaron armados a la casa de Pelayes, se encontraba en libertad condicional cuando ocurrió el hecho. Cumplía una condena de 11 años y seis meses por homicidio en ocasión de robo, con vencimiento previsto para 2027.

El beneficio se lo había concedido en abril de 2023 el juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, luego de declarar la inconstitucionalidad del artículo 15 del Código Penal. Según la demanda, la libertad se otorgó pese a una prohibición legal para este tipo de delito. Por eso los padres atribuyen lo ocurrido a una presunta “falta de servicio” en la prestación de Justicia.

El asalto

De acuerdo con la reconstrucción de la presentación judicial, Pereyra Cruz y otro hombre ingresaron a la vivienda con intención de robo. En el lugar estaba el niño, que había ido a jugar con un menor de la familia. Los asaltantes redujeron a los presentes y los amenazaron con armas de fuego.

Pelayes intentó repeler el ataque y se produjo un intercambio de disparos. Murieron el policía retirado y Pereyra Cruz, mientras que el segundo asaltante escapó.

Los daños invocados

La demanda incorpora un informe psicológico del menor. Según ese documento, tras el episodio presentó ansiedad, hipervigilancia, temor persistente, necesidad de protección y dificultades para dormir, además de afectaciones en su vida cotidiana. Esos daños son la base del reclamo económico.

La sanción al juez

Entre sus fundamentos, la demanda cita el Jury de Enjuiciamiento seguido posteriormente contra Sarmiento. En ese proceso se cuestionó, entre otras decisiones, la libertad condicional de Pereyra Cruz. La acusación sostuvo que el magistrado se apartó de la legislación vigente y que no valoró ni refutó adecuadamente los informes criminológicos y las oposiciones que constaban en el expediente.

En abril de 2026, el Jury resolvió sancionarlo con una suspensión temporal de sus funciones, sin goce de haberes.

Ahora, el Estado provincial deberá defenderse en sede civil de una demanda que busca responsabilizarlo económicamente por las consecuencias de aquella decisión.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.